La reforma de las pensiones dio un nuevo paso adelante al incorporar medidas que intentan adaptar el sistema a las necesidades actuales de trabajadores y empresas. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, pidió al Partido Popular (PP) que apoye esta iniciativa en el Congreso, destacando la importancia de garantizar un amplio apoyo político a la reforma, que incluye instrumentos clave como la jubilación parcial flexible, la compatibilidad entre salario y pensión, y la extensión del acuerdo de ayudas a sectores no manufactureros. En sus declaraciones, Álvarez hizo hincapié en la necesidad de compromiso político para sacar adelante el plan: «Pido al PP que acuerde y apoye este proyecto, que es fundamental para el futuro del sistema de pensiones».
Aunque aún no ha sido confirmada la posición oficial del PP sobre la reforma, fuentes cercanas al partido han señalado que el contenido del acuerdo alcanzado en el diálogo social está en línea con algunas de las propuestas que históricamente ha defendido. Pero las mismas fuentes evitaron anunciar si su partido votaría a favor o se abstendría en el debate parlamentario. El PSOE, que necesita una mayoría simple en el Congreso para avanzar con la reforma, sigue esperando al movimiento del PP e intentando consolidar los apoyos necesarios para garantizar su aprobación.
Prórroga del contrato de relevo y jubilación parcial
Uno de los puntos focales del acuerdo es la extensión del acuerdo de concesión, una herramienta que ha sido clave en la industria manufacturera y que ahora se está considerando su extensión a otros sectores manufactureros. Esto permite a los trabajadores con amplia experiencia laboral acceder a una pensión parcial mientras son reemplazados por trabajadores más jóvenes con contratos indefinidos. Según el nuevo acuerdo, el régimen se aplicará con un período inicial de seguimiento de cuatro años para evaluar su implementación en nuevas áreas.
La reforma también trae cambios significativos en las condiciones de acceso a una pensión parcial. Se amplía de dos a tres años el plazo durante el cual los trabajadores pueden acogerse a esta modalidad a partir de los 62 años, si han acumulado al menos 33 años de aportes y seis años de servicio en la empresa. En cuanto a la reducción de jornada, queda la posibilidad de reducirla hasta un 75% en los últimos años de trabajo. Además, se incluye una nueva opción que permite una reducción inicial del 20% al 33% en el primer año, dando a los trabajadores más flexibilidad en su planificación de jubilación.
Otro cambio relevante es el requisito de sustitutos en el acuerdo de alivio de la deuda. Estos deberán estar contratados con contrato a tiempo completo por tiempo indefinido, lo que refuerza el compromiso con la estabilidad laboral. Asimismo, las empresas que quieran acogerse a esta modalidad deberán garantizar que al menos el 75% de sus empleados sean contratados por tiempo indefinido, lo que busca incentivar una mayor formalización del empleo.
Aumentar gradualmente el precio comercial.
El contrato prevé también un incremento progresivo de la aportación empresarial asociada a la jubilación parcial. Este aumento se aplicará por etapas: 40% en 2025, 50% en 2026, 60% en 2027, 70% en 2028 y 80% en 2029. Estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo, equilibrando las necesidades de los trabajadores con las capacidades de las empresas.
Proceso legislativo y posibles escenarios
El gobierno ahora enfrenta la tarea de garantizar que la reforma no quede estancada en el proceso legislativo. Medidas similares han requerido prórrogas anuales en el pasado, como fue el caso el año pasado, cuando la actual legislación sobre pensiones parciales se amplió excepcionalmente. Sin embargo, esta práctica corre el riesgo de dejar a miles de trabajadores y empresas dependientes de estas herramientas en un limbo legal.
Ante esta situación, el consejero delegado tiene dos caminos posibles. Por un lado, podría optar por una nueva prórroga de la legislación existente hasta que finalice el proceso de reforma parlamentaria. Por otro lado, se plantea la posibilidad de aprobar un real decreto de urgencia, que permita la aplicación inmediata de medidas prioritarias, evitando así la interrupción de su aplicación.
El proceso parlamentario, que incluye la presentación de la reforma en el Congreso, su debate en comisiones y en el pleno, y su posterior aprobación por el Senado, podría prolongarse durante varios meses. Una vez superadas estas etapas, el reglamento definitivo deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros para sustituir formalmente al reglamento actual.
Un paso clave para trabajadores y empresas
La reforma propuesta intenta equilibrar los intereses de trabajadores y empresarios y adaptar el sistema de pensiones a la realidad actual del mercado laboral. La prórroga del contrato de relevo y la flexibilidad de la jubilación parcial son medidas que no sólo favorecen a los trabajadores de más edad y les permiten pasar gradualmente a la jubilación, sino que también abren oportunidades para la integración de los jóvenes en el mercado laboral y apoyan el relevo generacional.
Las empresas, especialmente en industrias con una alta demanda de mano de obra calificada, valoran estas herramientas como una forma de garantizar la transferencia de conocimientos y experiencias entre generaciones. Sin embargo, algunos empleadores han expresado preocupación por el aumento de las contribuciones, diciendo que podría crear cargas adicionales en un entorno económico que ya es difícil.
El papel del diálogo social
La reforma es el resultado de un amplio proceso de diálogo social entre el gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Este consenso refleja la importancia de crear acuerdos amplios para abordar desafíos estructurales como el envejecimiento de la población y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, el apoyo del PP en el Congreso será clave para garantizar que la reforma se haga realidad, sobre todo ante la necesidad de una mayoría simple para aprobarla.
En este contexto, Pepe Álvarez destacó la importancia de superar las diferencias políticas y centrarse en el interés general. Según el dirigente sindical, esta reforma no sólo responde a las necesidades actuales, sino que también sienta las bases para un sistema de pensiones más justo y sostenible en el largo plazo.
Una reforma con impacto a largo plazo
La reforma de las pensiones representa un esfuerzo significativo del gobierno y los actores sociales para modernizar el sistema, que enfrenta desafíos cada vez mayores debido al envejecimiento de la población y los cambios en el mercado laboral. Una combinación de medidas como la extensión del acuerdo de alivio, una mayor flexibilidad en las jubilaciones parciales y aumentos graduales de las cotizaciones buscan garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la protección de los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para superar las dificultades políticas y legislativas que aún persisten. Con el apoyo del PP aún en el aire, el resultado de esta reforma será un indicador clave de la capacidad de las instituciones para generar consenso sobre cuestiones cruciales para el futuro del país.
